Desde el retorno a la democracia, ninguna elección presidencial ha contradicho el pronóstico de las encuestas. Siempre ha ganado el favorito o favorita. Siempre. Esta vez eso no pasó, porque quienes encabezaron los sondeos de opinión durante el último tiempo ya quedaron fuera de la carrera: Joaquín Lavín y Daniel Jadue.
Es predecible que se abrirá una discusión apasionada sobre la solidez metodológica de las encuestas, sobre quién estuvo más cerca y más lejos en sus pronósticos, sobre la dificultad de anticipar resultados con voto voluntario. Pero el debate que más importa es otro: cuál es la forma de seleccionar candidaturas si las encuestas ya perdieron el poder predictivo del pasado. Más aún, es válido preguntarse si la excesiva delegación a las encuestas de la definición de candidaturas no jugó un papel en la escasa renovación de liderazgos de la centroizquierda y en el tan postergado relevo generacional.
Durante el reinado de las encuestas era casi imposible que un liderazgo emergente fuera apoyado por un partido para la contienda presidencial. Si a falta de un nombre posicionado en el top ten se optaba por algún otro postulante era solo para negociarlo a cambio de cupos parlamentarios o puestos en el comando del favorito o favorita. El resultado fue que ningún sector político hizo verdaderas apuestas de liderazgo, es decir, proponerle alternativas al país y desplegar un esfuerzo genuino para convencer, convocar y conectar. Esa pega debían hacerla antes los potenciales postulantes y para ello necesitaban visibilidad, televisión o mucha plata. Los liderazgos interesantes que no estaban en los primeros lugares de las encuestas fueron descartados una y otra vez. El caso más dramático fue el año 2009, cuando Marco Enríquez-Ominami peleó por ser candidato a pesar de que las encuestas no lo favorecían y su partido no lo quería apoyar. Tanto peleó, que logró que la Concertación aceptara hacer una primaria en la que se pudieran inscribir todos los interesados que mostraran el patrocinio de un cierto número de alcaldes o parlamentarios. Eso hubiera llevado a una competencia de Marco, socialista en ese entonces, con Frei (DC) y Gómez (PR). Pero cuando el proceso estaba en curso hubo un sorpresivo cambio de las reglas del juego y se exigió que sólo pudieran postular quienes fueran proclamados por su partido. Resultado: Marco se salió del PS, compitió por fuera y sacó 20 puntos. Frei, 29. Piñera ganó la elección.
Volvamos ahora al presente. Si Boric se hubiera basado en las encuestas nunca debió haber sido candidato. No marcaba nada. Sichel marcaba, pero debajo de Lavín. Ambos ganaron. En el caso de Unidad Constituyente se levantó una propuesta hace más de un año que sugería cambiar radicalmente el modo de selección de candidaturas. Consistía en olvidarse de las encuestas y de las proclamaciones partidarias y abrir con anticipación un proceso amplio de postulaciones donde todos los liderazgos que tuvieran un número de firmas pudieran participar. En ese proceso, que duraría varios meses, se irían decantando las candidaturas con mayores posibilidades y avanzarían recogiendo el apoyo de quienes fueran quedando en el camino. Independientes cercanos al sector, líderes sociales y dirigentes ajenos a las directivas partidarias tendrían una opción de desplegarse, y los que lograran mantenerse como favoritos participarían finalmente en la primaria legal. En lugar de eso se optó por el camino tradicional, y hemos visto cómo los hechos lo han desbordado y han obligado a enmendar las decisiones, subir y bajar candidaturas y pasar por bochornosos desencuentros.
Si las encuestas decidieran las elecciones, Barack Obama nunca hubiera sido presidente. Partió desde abajo, y en la prolongada primaria demócrata fue mostrando el portento de líder que era y terminó ganándole a la tremenda Hillary Clinton y venciendo finalmente al republicano John McCaine. En Chile debemos aprender una nueva forma de levantar liderazgos, sin la seguridad de una carrera corrida sino con el coraje de quien aspira a ganarse la confianza y el respaldo popular. La política actual es para valientes e innovadoras, quienes quieran triunfos seguros pueden comenzar a empacar.
La clave del éxito de las políticas públicas es su buen diseño, pero ello no depende solamente de la calidad técnica de su formulación, sino también de su capacidad de dar respuesta a los debates democráticos y de alinearse con las prioridades ciudadanas. Lamentablemente, ese vínculo se ha ido extraviando en nuestro sistema político, así como en muchas democracias del mundo, y recuperarlo es esencial para tener políticas públicas que respondan a estos tiempos tan desafiantes.
Parte de los fenómenos que se catalogan como populistas tienen su origen en esa disociación. Los criterios técnicos han funcionado como un arma formidable para sacar de la agenda pública temas de inquietud social que no calzan con el consenso de los expertos. Bajo esos designios, las propuestas que salen de la caja de las políticas convencionales son usualmente tildadas de buenistas, irresponsables o voluntaristas. Los sistemas políticos han creado un corralito de lo que se considera sensato, que deja cada vez más personas fuera, y las normas de lo políticamente correcto achican aún más ese cerco. Como resultado, el grupo de los que caen en la categoría de la insensatez va creciendo cada vez más, hasta volverse mayoría en muchos países. Es sintonizando con esas personas que ganaron Chávez, Trump y Bolsonaro, y sobre esa misma base se fortalecen Le Pen, Jiles y varios más.
Hay poderosas razones técnicas para decir que los retiros de fondos previsionales son una mala política pública. También hay buenos argumentos para afirmar que el impuesto a los súper ricos tal como está formulado es difícil de aplicar y no recaudará lo esperado. Sin embargo, cuando la política esgrime la técnica para descalificar ese tipo de ideas y no es capaz de utilizarla para ofrecer mejores alternativas, termina fortaleciendo a quienes las instrumentalizan. Hay sectores de la población que están empobreciéndose dramáticamente producto de la emergencia sanitaria, mientras al mismo tiempo las mayores fortunas crecen como nunca antes. Resulta intolerable que la buena política, la política seria y bien formulada, consista en no hacer algo sustantivo al respecto. Ante problemas tan serios como los que enfrentamos, las malas políticas pueden hacer un enorme daño, traer empobrecimiento, desengaño e inestabilidad, pero es igualmente dañina la incapacidad de concebir mejores alternativas en esas materias, tan profundas e innovadoras como el momento lo exige.
Una parte de la izquierda chilena se destacó por tomarse en serio la calidad de las políticas públicas, por asumir que las decisiones deben ser juzgadas por sus resultados y no sólo por sus intenciones, por tener presente la evidencia y no sucumbir a las presiones. Hoy ese sector pareciera no tener respuestas, y vive respaldando ideas que no le convencen, pero que no logra contrarrestar. Recuperar su compromiso con las buenas políticas públicas es fundamental, pero debe hacerlo sacando aprendizajes de la crisis que ha vivido. La política pública de calidad no puede ser sinónimo de un conservadurismo que impida avanzar. La resistencia a las presiones debe diferenciarse de la indolencia al malestar social, y la técnica debe usarse como un instrumento para abrir caminos y no como un escudo para ningunear y tratar de ignorante a todo el que intente ir más allá de las convenciones. En tiempos como los que vivimos, de enormes cambios e incertidumbres, donde el malestar y la desconfianza avanzan sin contrapeso, el conocimiento no puede ser sólo una barrera para las malas ideas, sino una herramienta para crear nuevas respuestas.
Se levantará en Chile una izquierda democrática y moderna cuando logre desactivar las malas ideas con ideas mejores, que funcionen y convenzan, que hagan sentido a la ciudadanía y enfrenten los problemas en su profundidad.
En 1997 se creó el Programa Chile Barrio para eliminar en cinco años los 972 campamentos catastrados. Se avanzó sustantivamente, aunque los plazos fueron extendidos repetidas veces por la complejidad y dinamismo del fenómeno. La ansiedad de dar por cumplida la meta llevó a desmantelar el programa y simplificar la atención a campamentos en vez de perfeccionarla.
Un par de años antes se había conformado la Dirección de Proyectos Urbanos (DPU) para enfrentar desafíos urbanos estructurales desde una perspectiva integral. Durante más de una década se gestionaron proyectos urbanos integrales, como Ribera Norte en Concepción y La Chimba en Antofagasta. La acción concertada a través de planes maestros y la acción directa del Estado no siempre convenció al sector privado ni a las autoridades. El modelo de gestión integrada de la DPU se descontinuó, ya que primó una visión donde el Estado estaba para definir reglas del juego, generar subsidios y entregar el juego a los actores inmobiliarios.
En 2006 había nacido Quiero Mi Barrio, que tomó parte de estas experiencias para enfrentar el deterioro del stock de conjuntos habitacionales. El programa ha tenido resultados positivos y se ha adaptado a las miradas de sucesivos gobiernos.
El nuevo catastro de campamentos de TECHO le pone cifras y caras al drama de los campamentos, que es otro componente de la actual crisis multidimensional. No queda más que actuar con urgencia y con la inteligencia y creatividad que exige este problema recurrente y creciente. Esto implicará aumentar el ritmo en la generación de viviendas, pero esta vez conformando barrios bien equipados y comunidades inclusivas.
Este desafío país lleno de singularidades no debe ser encargado a un ministerio, ni resuelto con más subsidios. Necesitamos abordar el problema de fondo y que está en la forma en que hemos dejado que se desarrollen las ciudades. Enfrentar el déficit de al menos 550.000 viviendas y de 1.300.000 con necesidades de mejoramiento. Reconocer las consecuencias del desbalance entre los precios de las viviendas y los salarios, junto con los efectos de la pandemia en la calidad de vida. Asumir que las familias migrantes son parte del nuevo Chile. Atender la habitabilidad transitoria de campamentos, aprendiendo de la recuperación post catástrofe, con radicación solo en situaciones sin riesgos para las familias. Esta crisis es una emergencia habitacional y tenemos que enfrentarla con toda la energía del Estado, usando un renovado set de herramientas, potenciando la función social del suelo y mejorando el acceso bienes públicos. Regeneración urbana, agencias regionales de desarrollo, asociaciones de vivienda, inmobiliarias municipales, arriendo protegido, proyectos integrales, y programas que potencien y orienten la acción privada en la coproducción de barrios. Demostremos que hemos aprendido, reparemos, resolvamos y anticipemos. Salgamos adelante trabajando colaborativamente, asumiendo nuestros errores y valorando nuestros aciertos.
Publicado en Informe Contrastes, Chile21 | Febrero, 2021
La reactivación puede ser una herramienta de transformación social en la medida que seamos capaces de entender las complejidades del desafío con franqueza y de replantearnos la forma en que hemos venido funcionando. Nuevas ciudades implican nuevas prácticas que están por descubrirse.
R. Moris (2021)
En el acto inaugural del presidente John F. Kennedy en 1961 el poeta Robert Frost con casi 87 años dio inicio a la tradición de incluir un poema como uno de los mensajes del cambio de mando. Con su poema “The Gift Outright” (El regalo absoluto) Frost declamó sobre el territorio que unía a la nación, la tierra de la que no eran únicos dueños, pero que les daba la vida. Que la fuerza no estaba en la propiedad, sino en la entrega.
“Something we were withholding made us weak
Until we found out that it was ourselves
We were withholding from our land of living,
And forthwith found salvation in surrender”.
“Algo que reteníamos nos debilitó
Hasta que descubrimos que éramos nosotros
Estábamos reteniendo de nuestra tierra de vida,
Y de inmediato halló salvación en la entrega (rendición)”
Robert Frost, The Gift Outright.
Sesenta años después el pasado miércoles 20 de enero, la poeta Amanda Gorman de 22 años accedió a la invitación de ser parte de la Inauguración de Joe Biden. Con su poema “The Hill We Climb” (La colina que escalamos) sintetizó con mucha fuerza una visión de lo que está enfrentando su nación. Con una puesta en escena cargada de contenidos, colores y movimientos de manos, esta joven poeta le habló al país sobre los desafíos del colectivo, haciéndose cargo de la historia y de los dolores y errores de los recientes años.
El notable poema no es solo potente en su mensaje, sino que también lo hace estableciendo diversas conexiones históricas. Donde dice “Hemos aprendido que la tranquilidad, no es siempre sinónimo de paz” (We’ve learned that quiet isn’t always peace) invita a la ciudadanía a estar consciente de lo que está pasando y estar activos, sin quedarse callados. Cuando dice “Y las normas y las nociones de lo que es justo no siempre es así de justo” (…and the norms and notions of what just is isn’t always just-ice), también está diciendo “Y las normas y las nociones de lo que es justo, no siempre es justicia”.
En su mensaje habla desde un “nosotros” que se abre a sus conciudadanos y al mundo. Cuando dice “No porque nunca más conoceremos la derrota, sino porque nunca volveremos a sembrar división” (Not because we will never again know defeat, but because we will never again sow division) está identificando la fractura de la sociedad y la promoción de la división como las bases de la derrota. En su cierre nos motiva a ser valientes en entender nuestra realidad y también en enfrentar nuestros desafíos, dice “Si tan solo somos lo suficientemente valientes para verlo. Si tan solo somos lo suficientemente valientes para serlo” (…if only we’re brave enough to see it. If only we’re brave enough to be it).
Con este rito los Estados Unidos nos recuerda que las elecciones brindan oportunidades regulares para que las comunidades y los países reflexionen sobre sus historias. Son momentos para recapacitar, expresar las esperanzas y plantearse caminos que aprovechen las experiencias. Momentos donde las comunidades actúan al hacerse conscientes de cómo los valores individuales y colectivos impactan en los gobiernos y en el futuro de las naciones.
En tanto en Chile, estamos viviendo momentos de grandes transformaciones en un contexto de alta incertidumbre y expectativas divergentes. En los siguientes dos años tomaremos decisiones que definirán las bases de un nuevo país. En este sentido, la referencia a los poemas nos invita a valorar los diagnósticos, a hacerle frente a los problemas y plantearse un rumbo. A parar un momento y a recapacitar sobre lo que hemos estado haciendo y lo que debemos hacer, como personas y como sociedad.
Tradicionalmente, Chile tiende a repensarse un poco cada vez que cambia de gobierno, pero ya sabemos que la tendencia a no cambiar mucho las cosas nos regaló el ticket para el estallido social. Cabe preguntarse, cuánto realmente estamos asumiendo nuestra nueva realidad y cuánto estamos dispuestos a transformarla. Los cambios constitucionales y a la institucionalidad subnacional constituyen una oportunidad histórica para hacerlo hoy.
Otra tradición, es que el año se inicie en febrero. Durante enero el país aún está corriendo para cerrar el año anterior, con la expectativa de que las vacaciones nos ayudarán a prepararnos para enfrentar el año. Este verano será muy especial porque se suma el cansancio de 14 meses extremadamente intensos, donde la mayoría de las personas e instituciones han debido reorganizar sus vidas y recursos para salir adelante. Cabe pensar entonces, en las reales capacidades que tenemos para enfrentar lo que viene ¿Cómo podríamos ser capaces de medir nuestro desgaste, considerando los ámbitos económico, social, emocional, afectivo, entre otros? ¿Cuánto se está afectando nuestra resiliencia? En el contexto actual la resiliencia es un activo en expansión, ya que esta capacidad es algo que marcará las diferencias de una manera más radical. Este periodo de crisis generará cambios estructurales y habrá territorios ganadores y rezagados de distintos tipos.
Desde el enfoque de resiliencia, una de sus características aplicables a personas, instituciones y/o territorios es la reflexividad, es decir la capacidad de aprender del pasado para adaptarnos a la nueva realidad. Así una de las formas de poder prepararnos debería ser tener claridad sobre la situación en que estamos y cómo hemos llegado hasta aquí. Para recapacitar y plantearse caminos concretos de avance que aprovechen los recursos, talentos y capacidades con las que ya contamos. En un contexto actual donde nos enfrentamos a múltiples crisis, es pertinente comprender en profundidad nuestra situación y plantearse una manera multidimensional de abordarla.
Las formas en que reaccionamos a las emergencias han condicionado nuestros procesos de recuperación, en esta pandemia eso ha quedado de manifiesto tanto a nivel sanitario, como en la asistencia social y en la reactivación económica. Por ejemplo, un indicador interesante de nuestra capacidad instalada y de la forma en que estamos respondiendo a la crisis del Coronavirus es la demanda de camas críticas y los traslados aéreos.
Hasta el jueves 21 de enero se sumaban ocho jornadas en las que se contabilizaban más de mil pacientes en camas críticas en el país. Con una ocupación de las UCI y UTI del 92% nivel nacional, incluyendo a pacientes COVID (56%) y no COVID (44%). Según los datos del Servicio de Salud Metropolitano Central (SSMC) se han realizado 636 traslados a nivel nacional. Se proyecta que enero tendrá más de 90 traslados, lo cual es similar a junio que tuvo 95 y octubre con 90 traslados.
Estas cifras dan cuenta de las limitaciones regionales para dar respuesta a situaciones críticas. Si bien el rol de Santiago como respaldo del sistema nacional puede ser eficiente, ya que optimiza el uso de las camas disponibles, también implica dependencia de las regiones y una serie de externalidades que no sabemos si están siendo contabilizadas y consideradas en la toma de decisiones. Todo esto en coherencia con un modelo de alta concentración, que está en contradicción con el proceso de descentralización que está en marcha. En este sentido, hacer revisión crítica de nuestra capacidad instalada y de la forma en que estamos haciendo las cosas, nos permitirá abordar las distintas crisis (social, sanitaria, económica y climática) con un mayor nivel de conocimiento y preparación para una reactivación económica inclusiva y descentralizada. Necesitamos entonces, re-capacitarnos.
Una referencia es el trabajo realizado en el Foro Ciudad Política que reúne a más de 150 personas interesadas en incidir en la necesaria evolución de nuestras ciudades y en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. En este marco se han generado una serie de propuestas de temas que deberían llamar nuestra atención respecto de entender el proceso de reactivación como una herramienta de transformación de la economía urbana con sentido de equidad y de emergencia climática. Es decir, aprovechar la crisis para enmendar el rumbo.
Este grupo plantea la necesidad de aspirar a reactivar la economía urbana considerando debidamente su diversidad y complejidad, ponderando los impactos que ha tenido la pandemia y sus claros nexos con la desigualdad social y urbana. Para esto es necesario transparentar, humanizar y territorializar la diversidad y los nichos de la economía urbana que fueron afectados significativamente. Esto incluye acciones tradicionales orientadas al empleo masivo, la infraestructura y las grandes empresas, pero de ninguna manera se deben acotar a esa faceta, sino también actuar en la esfera local recuperando y reviviendo la micro economía del país con realismo e integralidad.
A partir de acciones más integrales, deberíamos reactivar territorialmente la economía urbana con sentido de equidad y diversidad, reparando los daños de la pandemia al tejido socio-económico fortaleciendo la resiliencia de las personas y sus barrios, a partir de reducir sus vulnerabilidades económicas marcadas previamente por las desigualdades urbanas. La experiencia de enfrentar una pandemia en un contexto de profunda desigualdad urbana implica un aprendizaje individual e institucional, de manera de enfrentar la eventual segunda ola del coronavirus o incluso de emergencias sanitarias y sociales similares en el futuro con mayor resiliencia, sin los mismos sesgos y desigualdades seculares en que estábamos el 2020 en Chile cuando todo estalló.
De este modo, la reactivación se plantea como una herramienta de recuperación de las actividades económicas urbanas previas, perdidas o constreñidas, pero también como una intervención inteligente con sentido público de transformación social y económica, con especial atención en lo local en las escalas comunal y barrial, entendidas éstas como la llave maestra para lograr reparaciones profundas de la ciudad real, que experimenta cotidianamente la exclusión social y que es la más golpeada por la pandemia.
La pandemia también ha develado la precariedad económica en que se encontraban los trabajadores chilenos, con altas tasas de informalidad y sin adscripción a un sistema de seguridad social. Hoy cerca del 30% de las y los trabajadores urbanos no están empleados, afectando especialmente a mujeres y jóvenes. Una cosa es trabajo y otra es empleo. Estos trabajadores generan ingresos en el mercado informal de la economía y no han podido acogerse al seguro de protección del empleo que se adoptó durante la pandemia, presionando, por lo tanto, fuertemente la asistencia social de las municipalidades, las que han visto disminuir sus recursos para compensar el frágil modelo económico sobre el cual hemos construido nuestras ciudades.
Por otro lado, el escenario urbano del trabajo y los soportes de los desplazamientos con objetivos laborales han sido remecidos por la pandemia de un modo inédito a nivel mundial, como no ocurría desde fines de la segunda guerra mundial, y que los efectos de esta contracción de la ciudad sobre la generación de ingresos ha sido muy fuerte, lo que en el caso de Chile tuvo un gran vector de vulnerabilidad en la desigualdad, segregación y sub dotación de equipamientos instalada en la urbe donde viven las mayorías de población en edades activas y los miembros dependientes de su ingreso.
Una reactivación integral y efectiva exige instalar nuevas prácticas de gestión institucional y colaboración transversal, tanto a nivel de gobierno sectorial, regional y local como de la ciudadanía, academia y entidades no gubernamentales, con perspectiva amplia y científica, sin sesgos políticos ni pre conceptos económicos reduccionistas. A partir de entender que el elevado PIB per cápita previo se esfumara en la microeconomía y cotidianidad: identificando territorios, segmentos, y actividades que fueron golpeados, levantando proyectos adecuados, diversos, y rápidos, con un seguimiento de la ejecución e impacto medible y verificable.
A las ciudades y barrios de Chile no les bastan solamente los traspasos de recursos públicos a empresas para obras de infraestructuras, por muy movilizador de empleo masivo coyuntural que sea, más aún ideado desde una lógica sectorialista, con miles de supuestos frágiles, se requieren además transferencias directas a las municipalidades para la dinamización del comercio local y la regeneración urbana de los barrios que impacten la vida real de las personas.
El abordaje de la sindemia (superposición de pandemias y otras crisis) plantea desafíos de enorme complejidad en los grandes centros urbanos, como Iquique, Antofagasta, y las áreas metropolitanas de Valparaíso, Santiago y Concepción, donde sucesivamente se han manifestado indicadores de contagio, mortalidad, desempleo y contracción económica derivadas de la pandemia. También deben ser parte de una reactivación inteligente los territorios que se mostraron como refugios de normalidad frente a la globalización de la pandemia, donde muchos son circuitos de localidades de menor escala urbana y rural, ignorados por décadas tanto por la inversión pública como privada pese a plantear importantes oportunidades para el asentamiento humano y emprendimiento.
En definitiva, la crisis múltiple que nos golpeó abre oportunidades para aumentar la resiliencia de nuestras ciudades y sus habitantes, transformando los barrios a través de políticas robustas basadas en la comprensión de la realidad, con mirada de largo plazo, pero con acciones – en el corto plazo- que inciden de forma eficiente y eficaz en los requerimientos de adaptación, mitigación y gestión de riesgos de desastres, a los cuales Chile ha adherido, y que ha plasmado en diversos documentos nacionales de amplio consenso, como los desarrollados al alero del Acuerdo de París y de la COP25, donde la formulación de estrategias de reactivación y adecuación de factores de riesgo será un requisito fundamental.
La reactivación puede ser un proceso que ayude a la recuperación del país real y completo, mostrando con ejemplos concretos cómo acuerdos transversales y el diálogo público-privado ponen el interés público al servicio de los más vulnerables, mostrando que es posible cambiar la realidad y aumentar la cohesión social. Esperamos que como dijo Amanda Gorman, seamos lo suficientemente valientes para verlo y lo suficientemente valientes para hacerlo.
El gobierno de Joe Biden logró aprobar un plan para afrontar la pandemia y la reactivación económica de 1,9 trillones de dólares, con estos recursos se pretende sacar de la pobreza a 12 millones de estadounidenses. Ahora Biden pretende contar con 2 trillones de dólares para un plan a ocho años que busca generar empleo mediante la reconstrucción y modernización de infraestructuras. Estas dos contundentes iniciativas marcarán su gobierno y más allá de las diferencias de escala con Chile nos pueden ayudar a reflexionar sobre la urgencia de la ayuda a los más vulnerables, la guerra contra el virus, el foco en el empleo y la inversión en transformaciones estructurales.
Al plantearnos un horizonte de ocho años tendríamos que pensar en dos gobiernos y en la peregrina idea de una coherencia y continuidad en la ejecución de políticas públicas. Implicaría un aumento sustantivo del gasto público pensado como inversión de futuro, ya que de no considerar los impactos de una acción insuficiente solo ampliaríamos la deuda de desarrollo equitativo que hemos generado.
La meta a ocho años también implica visualizar el país que estaremos viviendo, cómo serán las ciudades según las tendencias actuales y también cómo queremos que éstas sean. La superposición de crisis y el proceso constituyente deberían reforzar esto último. Nico Larco, director del Centro Urbanism Next ha planteado que las ciudades del futuro podrían tener más congestión y menos estacionamientos. Entre otras cosas, porque la eletromovilidad y los autos autónomos aumentarían la cantidad de viajes y mantendrían a los autos en movimiento adaptándose a la demanda. Vale la pena entonces, plantearse soluciones creativas para los espacios públicos y en particular para los estacionamientos. Jugársela por la movilidad sustentable junto con acciones concretas que disminuyan los traslados y tiempos de viaje será fundamental. El estallido social y la pandemia han dejado en evidencia la necesidad de contar con una mejor distribución de servicios y de viviendas más cercanas a empleos, educación y recreación. Necesitamos reorientar estructuralmente nuestras ciudades, con una visión más ecológica centrada en las personas. Proyectar el gasto público respondiendo a las urgencias actuales con la convicción de que debemos cambiar la forma en que hemos estado funcionando. La Casa Blanca reconoce hoy la existencia de una demanda inducida, la teoría de que la construcción de más carreteras no conduce a una reducción de la congestión, sino al aumento de la circulación de vehículos. La distribución de sus nuevas inversiones es una demostración del giro que se quiere dar. Otra señal más de que debemos atrevernos a construir ciudades como lugares para las personas, avanzadas tecnológicamente, con opciones de transporte seguras, sustentables, accesibles y equitativas. Por lo demás, no necesitamos referencias externas para darnos cuenta que estamos viviendo momentos de cambio y no podemos seguir repitiendo recetas marcadas por el corto plazo. No sería ético, oportuno ni inteligente.
Hace unos días se comunicó la conformación del Banco de Suelo Público, administrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual se compone de 120 terrenos a lo largo del país, con un total de 250 hectáreas destinadas a 20 mil unidades de vivienda aproximadamente. Más allá de tratarse de una innovación en la gestión pública -ya recomendada por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en 2015- la información disponible sobre esta medida invita a discutir sus alcances y limitaciones, en un contexto de fuerte incremento del déficit habitacional, con 500.000 requerimientos de vivienda nueva y más de 80 mil hogares viviendo en campamentos.
En primer lugar, hay que precisar que el Banco de Suelo presentado por el gobierno se conforma fundamentalmente de permutas realizadas entre el Ministerio de Bienes Nacionales (BB.NN.) y el Minvu. Mientras BB.NN. transfiere al Minvu 52 terrenos con norma urbana para construir vivienda en el corto plazo, el Minvu transfiere a BB.NN. terrenos sin norma urbana ubicados en áreas de riesgo y zonas inhabilitadas para la construcción de vivienda. La permuta se fija a partir de un monto en dinero, aproximadamente 2,4 millones de UF, transfiriéndose a BB.NN. una cantidad de superficie superior a las 250 hectáreas transferidas al Minvu. La idoneidad de la permuta depende de la calidad de la gestión de los terrenos, lo cual no es fácil juzgar sin conocer el catastro de propiedades permutadas. Pero sí es importante aclarar que para el Estado se trata de un “juego de suma 0”, el cual no incide en un incremento del patrimonio del Fisco ni de ninguna de las carteras en particular.
Por su parte, los restantes 68 terrenos que componen el Banco de Suelo han sido adquiridos por distintos mecanismos, básicamente tres: 1) transferencias del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (FSEV), es decir el presupuesto del Minvu, destinadas a compra de terreno sin proyecto (Glosa 11); 2) incrementos al subsidio a terrenos comprados para el mismo FSEV (Glosa 12); 3) transferencias de recursos del presupuesto nacional a la Subdere, en general a solicitud de municipios (Subtítulo 29). Es decir, los 68 terrenos no permutados corresponden a incrementos en los subsidios a la adquisición de suelo, los cuales se transfieren desde el presupuesto nacional y de los fondos ya asignados a los Serviu. De esta forma seguimos subsidiando la adquisición de bienes raíces que suben de precio anualmente, al menos 10-12% en el caso del suelo de Santiago.
Considerando el origen de los recursos físicos y monetarios que componen el Banco de suelo Público podemos decir que se trata de una política pública innovadora pero insustentable. Por una parte, las permutas movilizan recursos disponibles, pero no incrementan el stock de suelo fiscal. Si consideramos que nuestra política de vivienda se basa en la propiedad, lo que obtenemos en efecto es una reducción paulatina del patrimonio inmobiliario del Estado. Por otra parte, los incrementos en los subsidios y las glosas presupuestarias continúan desviando recursos a pagar por suelo, lo que resulta especialmente preocupante en el contexto actual de estrechez presupuestaria. Si bien se entiende que el objetivo de esta iniciativa sea aliviar la grave crisis de vivienda que enfrenta el país, no es razonable que se presente el “banco de suelo público” como una medida económicamente sostenible a largo plazo.
En cuanto a la suficiencia de la medida, debemos suponer que las 250 hectáreas corresponden a un flujo anual de terrenos y no a un stock (que responde más próximamente a la idea de “bancos de suelo”). Porque si se tratase de un stock de mediano y largo plazo debiésemos decir que dichas hectáreas no alcanzan ni para cubrir un 4% del déficit cuantitativo de vivienda en Chile. Si se trata de un flujo anual destinado exclusivamente a provisión de vivienda social la cifra es muy significativa, ya que cubre casi la totalidad de viviendas sociales -subsidiadas por D.S.49- en un año. Si ese es el caso, no se entiende cómo podrá sostenerse año a año el banco de suelo si no se realizan esfuerzos adicionales a los recursos físicos y financieros actuales. Todo indica que la iniciativa del gobierno está pensada para resolver la coyuntura -echando mano al stock de suelo público-, pero sin intervenir el mercado del suelo como podría hacerse exigiendo cuotas y/o cesiones de suelo en proyectos inmobiliarios o adquiriendo suelo nuevo mediante derecho de compra preferente como han aplicado en diversos momentos Francia, Hungría, Polonia, Suecia, Corea, Japón, entre otros.
Si bien se valoran esfuerzos para resolver la contingencia, suponer que la crisis de la vivienda obedece a una coyuntura es una equivocación. El escenario a futuro no es esperanzador y por ello se requieren algunas políticas de suelo más decididas, así como sistemas de financiamiento basados en la recuperación de las plusvalías del suelo urbano. Debemos revisar las exenciones del impuesto territorial, incrementar el impuesto a las ganancias de capital con bienes raíces e implementar contribuciones de mejora en zonas valorizadas por la inversión pública. Con estas medidas se podría financiar un banco de suelo capaz de proveer sostenidamente espacio para vivienda social o vivienda pública en arriendo, siempre y cuando se definan en paralelo mecanismos preferenciales para las adquisiciones del Estado en determinadas zonas de interés social. Mientras eso no ocurra se seguirán gastando excesivamente recursos del presupuesto nacional y del patrimonio inmobiliario fiscal.
La plaza ya no tiene nombre. Se disputa su denominación formal, Baquedano, con su nombre coloquial, Italia, y su reciente designación ciudadana como Plaza Dignidad. Sus áreas verdes son tierrales, sus cunetas apenas se distinguen, sus veredas son un collage de parches y hoyos. Sus negocios están cerrados, tapiados o agónicos. En su explanada han sucedido las mayores manifestaciones de nuestra historia y se han vivido graves situaciones de abuso policial: personas han perdido sus ojos, han sido heridas, han sido empujadas desde el puente al lecho del río. En las protestas ha convivido la expresión pacífica y la épica democrática con actos de violencia. Centros culturales, estaciones del Metro, iglesias y universidades han sido incendiados, locales han sido saqueados, luminarias y semáforos arrancados de cuajo. Con el tiempo, las grandes manifestaciones han dado lugar a escaramuzas en que manifestantes y policías se disputan las calles con piedras, gases, chorros de agua y barricadas. El resultado es que la destrucción se acumula, la vida cotidiana se enerva y la policía confirma semana a semana que no se la puede.
Cada sábado, después de los habituales incidentes del viernes, el general Baquedano ha amanecido radiante, bañado en una gruesa capa de pintura negra, y su pedestal repintado en tonos que varían entre café barquillo y amarillo pollito. Alrededor suyo queda el polvo levantado por la contienda y todo sigue decayendo, incluyendo los monumentos al Genio de la Libertad y a Balmaceda, que no reciben las mismas atenciones, así como el parque que lleva su nombre, que nunca más tuvo una luminaria. Y ahora esta escena insólita sigue siendo la misma, pero la estatua de Baquedano ha sido reemplazada por un pedestal vacío y un imponente muro de hierro.
Ante los reclamos por el retiro del monumento, el Presidente Piñera asumió el temerario compromiso de restituirlo antes del fin de su mandato, pese a que cualquier análisis razonado diría que si se quiere homenajear a Baquedano el lugar para hacerlo no es ese, donde se ha transformado en el ícono de una disputa. Sus detractores y defensores podrán debatir sobre su legado, pero está claro que ya no representa una figura de unidad que justifique instalarlo en el corazón del espacio público más relevante de la capital.
Este proceso ha confirmado lo invisible que es la ciudad en el debate político del país. El interés por la suerte del monumento a Baquedano no ha tenido un correlato equivalente en la preocupación por el espacio público que lo alberga, cuya importancia urbana es indiscutible, pero ahora alcanza una nueva dimensión por haber sido la sede de un hecho histórico como el estallido social. El dilema de la Plaza Italia/Dignidad ha corrido la misma suerte que otros temas urbanos, como la segregación socioespacial, la inequidad del financiamiento municipal o la movilidad sostenible. Son materias que no entran en las prioridades políticas, no se discuten en las campañas y cuando se abordan es con superficialidad, sin una mirada de largo plazo y con escasa consideración de las personas que usan los espacios y viven los barrios.
Chile es uno de los países más urbanizados del mundo con el 88% de su población viviendo en ciudades. Somos además uno de los países más centralizados del planeta. Nuestros actuales debates sobre la Constitución, el modelo de desarrollo, la desigualdad, la calidad de la democracia y la emergencia climática solo se abordarán con éxito si la perspectiva de las ciudades está al centro. Por eso, cuando este 11 de abril elijamos convencionales constituyentes, autoridades municipales y nuevas o nuevos gobernadores, busquemos personas que entiendan la importancia de las ciudades en nuestra sociedad y en nuestras vidas.
Foro Ciudad Política 